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ÁREA DE JUSTICIA Y ANÁLISIS NORMATIVO
Creado por: Administrador | Publicado: 16/09/2015 | | |

El Área de Justicia y Análisis Normativo, dependiente del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales desarrolla su trabajo de acuerdo a lo establecido en la planificación estratégica e institucional del Ministerio de Justicia. Entre los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) de esta Cartera de Estado se establece como primer objetivo contribuir, mediante políticas públicas de impacto, en la construcción y consolidación del sistema de justicia plural garantizando el ejercicio pleno, igualdad de protección, defensa, respeto, promoción y restauración de los derechos fundamentales a nivel nacional.

Por lo tanto, toda acción se orienta a consolidar una estructura normativa referida al respeto y ejercicio de los Derechos Humanos y la convivencia pacífica de las y los bolivianos, desarrollando la coordinación interministerial e interinstitucional para el desarrollo normativo del sector justicia.

  1. OBJETIVOS

  • Formular y coordinar la elaboración de planes y programas del sector justicia, para efectivizar el acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad y retardación de justicia.

El mandato constitucional y social del sector justicia en Bolivia, es el de construir una justicia plural, respetuosa de los derechos, principios y garantías constitucionales en el marco de la construcción de un Estado Plurinacional, social, de Derecho y constitucional, motivo por el cual, el Área de Justicia y Análisis Normativo, promueve el acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad, mediante la atención de denuncias por retardación de justicia y vulneración de derechos.

  • Promover acciones que coadyuven a la solución de conflictos, la implementación de políticas, y programas para el acceso a la justicia con las instituciones del sector justicia.

En este sentido, el Área de Justicia tiene como tareas:

1.- ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A DENUNCIAS POR SUPUESTA VULNERACIÓN DE DERECHOS PERMITIENDO EL ACCESO A LA JUSTICIA DE SECTORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El acceso a la justicia es un derecho adscrito al derecho a la tutela judicial, o jurisdiccional efectiva, también llamado derecho a un juicio justo o al debido proceso consagrado en los Artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, el Área de Justicia, en el marco de sus competencias, realiza la atención, análisis e informes técnicos, así como notas externas y notas internas a objeto de brindar atención inmediata y oportuna a denuncias efectuadas por la Sociedad Civil a esta Cartera de Estado por la presunta vulneración de derechos cometidos por Jueces, Fiscales, Policías, Alcaldes y otras Autoridades; realizando la respectiva coordinación con el Órgano Judicial, Órgano Ejecutivo, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Asamblea Legislativa Plurinacional, y Procuraduría, para incidir en la lucha contra la impunidad y retardación de justicia.

En ese entendido, cabe destacar que en la gestión 2014 se brindó la atención de aproximadamente mil (1000) denuncias efectuadas por presunta vulneración de derechos fundamentales.

2.- CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

La Ley Nº 708 de fecha 25 de junio de 2015 Ley de Conciliación y Arbitraje, se promulgó con el objeto de procurar el mayor acceso a la justicia de los sectores vulnerables del país, con la finalidad de desjudicializar la administración de justicia y reducir la sobrecarga judicial. Su potencial es ofrecer soluciones sostenibles a los conflictos, así como, por la privacidad de su tratamiento, establecer una garantía de continuidad y celeridad en la solución de controversias e impulsar el cambio de la mentalidad litigiosa por una cultura de paz, para alcanzar el crecimiento, progreso y desarrollo económico y social del país.

En ese sentido, la Ley Nº 708, establece como principales atribuciones del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales el autorizar y verificar el funcionamiento de los Centros de Conciliación, Centros de Conciliación y Arbitraje, y Centros de Arbitraje; analizar la procedencia de las solicitudes de registro; además de registrarlos y aprobar sus reglamentos en función a su compatibilidad con las disposiciones de la referida Ley; por otro lado, suspender de manera temporal o definitiva la autorización de funcionamiento; así como, promover la formación y capacitación en conciliación y arbitraje, mediante convenios con el Sistema Universitario y centros autorizados. Tareas a efectivizarse a través del Área de Justicia y Análisis Normativo.

3.- JUSTICIA PENAL JUVENIL

Como consecuencia de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (CDN) de la que el Estado Boliviano es firmante, en 1992 se aprobó en Bolivia un Código del Menor; éste supuso un primer avance en la adecuación de la legislación en torno a niñez y la adolescencia, parcialmente en sintonía con la CDN. Debido a sus deficiencias, a los tres años de su entrada en vigor se inició un proceso de revisión del mismo, que arribó en el Código del Niño, Niña, Adolescente (CNNA) de 1999. El CNNA de 1999 produce avance en la adecuación de la legislación boliviana con la CDN y la normativa internacional. No obstante, en materia de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley (ACL) todavía se presentan disfunciones respecto a la CDN, siendo especialmente relevantes el procesamiento de los ACL de 16 a 18 años en el sistema de adultos, así como el uso de términos como “responsabilidad social”, en vez de responsabilidad penal disminuida.

Para trabajar en el mejoramiento de estas disfuncionalidades de la Justicia Penal Juvenil nace hace 14 años la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil (MIJPJ), instancia de protección, promoción y defensa de los derechos y garantías de los ACL, en la que el Ministerio de Justicia cumple la función de Presidencia. Esta misma fue reconocida por el Comité de los Derechos del Niño, mediante CRC/C/BOL/CO/4 de fecha 16 de octubre del 2009; asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 178/2013, de 19 de febrero del 2013, emitida por la Ministra de Justicia, Dra. Cecilia Ayllón Quinteros, se reconoce el funcionamiento de la MIJPJ, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia; de la misma forman parte regularmente, además del Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo (Vicepresidencia), Defensa Pública, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicio Departamental de Gestión Social, Dirección General de Régimen Penitenciario, ProggettoMondo Mlal, Pastoral Penitenciaria, UNICEF, Universidad Católica Boliviana, Defensa de Niñas y Niño Internacional-Bolivia, UNODC, Fundación Construir, Capacitación y Derechos Ciudadanos y Fundación La Paz.

Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado de 2009 se hace necesaria una transición y adecuación de toda la normativa nacional y, por ende, del CNNA. En este sentido, el Ministerio de Justicia, en coordinación con la MIJPJ, ha venido desarrollando distintas acciones orientadas hacia dicha adecuación, y en promoción de los derechos de los ACL. Para ello el Ministerio y la MIJPJ han trabajado en el desarrollo de un nuevo modelo de Justicia con enfoque Restaurativo que promueva el ejercicio de derechos y responsabilidades de los ACL, incidiendo en la disminución de la reincidencia y en la asunción de responsabilidad en el propio proyecto de vida; este modelo restaurativo permite una respuesta integral tanto del Estado, como de la sociedad y de la víctima.

Producto de este trabajo coordinado se logró implementar en el Nuevo Código de la Niña, niño y Adolescente Ley Nº 548 de 17 de julio del 2014, la incorporación del enfoque de justicia restaurativa en el Sistema Penal para Adolescentes con responsabilidad Penal. Este nuevo Sistema, promueve la responsabilidad del adolescente en conflicto con la Ley, la reparación del daño tanto a la víctima, como al ofensor y a la comunidad, así como la restauración de la armonía y la paz social en la comunidad afectada por la comisión del delito. Cabe destacar que dentro de esta reforma del sistema penal, nuestros adolescentes de 14 a 18 años de edad ya no serán procesados por el sistema penal para adultos, y se priorizarán las medidas en libertad antes que la privación de la misma, de acuerdo a la gravedad del delito, acompañados de los mecanismos de justicia restaurativa.

En este sentido el nuevo Código:

  • Declara la responsabilidad penal atenuada de las y los adolescentes desde los 14 a 18 años.

  • Prevé para las y los adolescentes un conjunto de derechos y garantías procesales y de ejecución.

  • Establece, con precisión, cual es el procedimiento especial al que serán sometidos para su juzgamiento.

  • Innova incorporando la Justicia Restaurativa.

  • Dispone un sistema sancionatorio, integrado por un conjunto de medidas socio-educativas, que se aplicarán siguiendo claras indicaciones y se cumplirán con base a un plan individual para cada adolescente, que se elaborará, con su plena participación.

  • Dispone sobre el control judicial de la ejecución de las medidas.

  • Regula las atribuciones de todos los integrantes del Sistema Penal para Adolescentes.


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